13 julio, 2021
Rubén Martínez Moreno
Rubén Martínez Moreno
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Si la corresponsabilidad es la solución, ¿cuál es el problema?

Rubén Martínez Moreno, miembro co-fundador de La Hidra Cooperativa, plantea una reflexión crítica en torno a la idea de corresponsabilidad como marco de gobernanza compartida entre instituciones y tejido asociativo.

Si las instituciones quieren ser más porosas diseñando espacios de conexión con el tejido asociativo, profesional y, en general, con la ciudadanía, lo primero que nos tenemos que preguntar es a qué problema quieren responder estas medidas. Como dificultad a superar, una posible candidata es la notable erosión de la legitimidad de la política representativa, que puede medirse observando el descenso en la participación electoral en periodos largos. Una segunda posibilidad es que sea una demanda liderada por sectores de la ciudadanía organizada para co-diseñar políticas públicas, ofreciendo su capacidad para diagnosticar problemas y transferir conocimientos prácticos. Una tercera candidatura nada despreciable podría ser la falta de competencias municipales, sumada a la reducción de la capacidad de acción pública a causa de los techos de déficit, llevando a las instituciones a buscar recursos y apoyo en la ciudadanía. Y, por último, también podría ser una pulsión innovadora liderada por perfiles técnicos y políticos que quieren renovar las formas de relación con la ciudadanía, superando el marco proveedor-consumidor de servicios que ha ido sedimentándose en las últimas décadas.

 

 


Las trayectorias de cada territorio nos enseñan errores o límites que no hay que olvidar a la hora de diseñar nuevas formas de conexión entre instituciones y ciudadanía


 

 

Frente a esta diversidad de fenómenos que pueden explicar la voluntad de promover la corresponsabilidad, una respuesta muy probable es que, con mayor o menor intensidad dependiendo del territorio, todos tienen relevancia. Aun así, la apuesta por la corresponsabilidad no aparece en todos los municipios que sufren estos problemas. La relación entre causa y consecuencia no siempre es tan lineal. En este sentido, importa más de lo que pensamos la trayectoria de cada territorio, es decir, el legado institucional de luchas anteriores, las coaliciones políticas que han perseverado en el tiempo, así como la acción y los imaginarios acumulados del tejido asociativo. En los territorios que cuentan con estas trayectorias, especialmente los del antiguo «cinturón rojo» de Barcelona, los reglamentos de participación proliferaron desde los primeros gobiernos democráticos de finales de 1970. Todo paso adelante en esta misma línea se tiene que entender vinculado a este legado histórico, y no como una mera novedad que se apunta a la moda del momento. Estas trayectorias no sólo nos enseñan cosas positivas, sino también errores o límites que es necesario no olvidar en el momento de diseñar nuevas formas de conexión entre instituciones y ciudadanía.

 

 

 

 

La gobernanza participativa

 

En los manuales de ciencia política la gobernanza a menudo se presenta como un punto de inflexión clave en las formas de gobierno contemporáneas. A diferencia de los modelos jerárquicos, burocráticos y paternalistas, según los manuales la gobernanza es un sistema en red donde la definición de los problemas, la toma de decisiones y la implementación de soluciones recae en un conjunto diverso de entidades públicas, privadas y sociales. Donde había un departamento de educación cerrado se diseña una mesa para «nuevos retos de futuro» con las AMPAS. Allá donde un regidor usaba la cultura para avivar la gentrificación y el turismo, se disponen programas participativos para aprender de «buenas prácticas» junto al tejido cultural y comercial. En los polos logísticos donde había proyectos de ciudad enmarcados en políticas del Estado, resultan «más emprendedores, eficientes y eficaces» los consorcios o los partenariados. Gobernanza, en síntesis, expresa no sólo una manera de organizar las instituciones diversificada y descentralizada, sino también una superación de los límites y miserias del Estado moderno. Todo esto lo dicen las definiciones canónicas, pero la realidad empírica es muy diferente.

 

Durante las últimas décadas, las ciudades no han sido construidas sobre una red equitativa y cooperativa entre diferentes actores. En general, la gobernanza ha privilegiado los intereses de los actores privados respecto de los sociales-comunitarios. En efecto, se han construido estructuras paralelas que no se tocan entre ellas y que gestionan partes del poder urbano de manera muy desigual. Por un lado, las colaboraciones público-privadas, donde varios oligopolios privados gestionan áreas muy importantes para la economía y la vida en las ciudades. Por otro lado, las políticas de participación, que normalmente tienen poca capacidad para marcar la agenda y las políticas públicas. Más que coincidir con el ideal de un sistema plural en red, en la práctica, la gobernanza ha funcionado como un gobierno bajo una jerarquía en la sombra. La parte «social» y «participativa» de la gobernanza ha ido avanzando en esta oscuridad, pero con un papel menos destacado del disfrutado por los grandes actores del poder privado y con varias limitaciones cuando ha sido implementada.

 

 


La gobernanza ha privilegiado los intereses de los actores privados respecto de los sociales-comunitarios


 

 

 

 

Problemas y límites de la participación

 

Estar a favor de la coproducción de políticas públicas, la corresponsabilidad y la participación ciudadana no significa negar sus límites ni sus retos pendientes. Es justo lo contrario, en cuanto que aprender de los puntos críticos es la única manera de mejorar las relaciones entre instituciones y ciudadanía. Una de las limitaciones más recurrentes es que los mecanismos participativos a menudo funcionan como espacios para recibir información, pero son inútiles para incidir en la toma de decisiones o para ejecutar y evaluar políticas. También se ha señalado su tendencia al exceso de burocracia, haciendo que sean espacios lentos y muy limitados para tratar lo que más preocupa a quienes acuden a ellos. Se suman otras anomalías como el desgaste que supone para las organizaciones sociales de base o la exclusión de voces críticas y de grupos sociales sin recursos para participar en espacios formales. Una de las críticas que más cuesta asumir es que algunas políticas participativas, lejos de generar espacios más horizontales, han acabado reproduciendo o incrementando las asimetrías de poder existentes. Los actores con más recursos (dinero, saberes técnicos, capital organizativo, tiempo disponible…) son quienes mejor se adaptan a los requerimientos de la participación, así como a los de las concesiones y a los indicadores de las evaluaciones. De hecho, si analizamos quién participa, fácilmente veremos que quién más necesidades tiene es precisamente quién menos tiempo y recursos puede dedicar a conectarse con las instituciones.

 

 


Sin mecanismos redistributivos previos, la participación no garantiza la igualdad


 

 

Una primera lección que podemos extraer es que la participación puede ser más democrática en el sentido de más plural, pero esto no quiere decir que sea más igualitaria ni más justa. No se puede sostener el argumento de que existen desigualdades sociales cada vez más grandes, pero que de repente desaparecen en los proyectos o políticas que ponemos en marcha. Sin mecanismos redistributivos previos, la participación no garantiza la igualdad.

 

En países como Brasil se dieron procesos de corresponsabilidad que continúan siendo referencia a la hora de gestionar recursos de manera colectiva. Los presupuestos participativos de Porto Alegre se consideran un instrumento privilegiado para movilizar a los más desfavorecidos e invertir las prioridades de gasto a favor de colectivos discriminados por su posición de clase, su condición de género o por su origen étnico. En una dimensión diferente y más cercana, otra experiencia interesante la encontramos en Can Batlló, en el barrio de La Bordeta de Barcelona. Merece la pena destacar algunos aspectos de este segundo ejemplo para extraer algunas conclusiones.

 

 

 

 

Can Batlló, una experiencia de corresponsabilidad radical

 

¿Pueden las instituciones sociales y las públicas codiseñar normas y métricas por el bien común? Un intento de respuesta lo encontramos en el Programa Patrimonio Ciudadano de uso y gestión comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo principal de este programa es desarrollar instituciones público-comunitarias a través de la cesión de patrimonio municipal a comunidades locales y de la gestión comunitaria de servicios públicos. La Administración y las comunidades locales han co-diseñado los criterios que definen el acceso y la cesión de recursos, y los mecanismos de autoevaluación para hacer el seguimiento y medir la tarea comunitaria de los proyectos.

 

 


El tejido social de Can Batlló ha puesto en marcha una práctica de autogestión urbana que conecta con tradiciones mutualistas históricas


 

 

El caso paradigmático de Patrimonio Ciudadano es la concesión de suelo de dominio público a favor del Espacio comunitario y vecinal autogestionado de Can Batlló, en concreto, de un recinto industrial de más de 13.000 m² por un periodo de 30 años, extensible a dos prórrogas de 10 años cada una. Can Batlló es fruto de una reivindicación vecinal que se remonta a los años 1970 y que plantea una transformación urbanística de este antiguo recinto fabril para desarrollar espacios verdes, y equipamientos vecinales y comunitarias. El tejido social de Can Batlló ha puesto en marcha huertos urbanos, espacios públicos, proyectos de economía comunitaria, infraestructuras culturales y equipamientos de barrio, experimentando una práctica de autogestión urbana que conecta con tradiciones mutualistas históricas. El convenio actual de Can Batlló estipula que el Ayuntamiento se hace cargo de los gastos de suministros, la seguridad del espacio público y de las grandes obras de rehabilitación todavía no ejecutadas en las nuevas naves cedidas. Por su parte, Can Batlló se responsabiliza de contratar los seguros de responsabilidad civil, del mantenimiento ordinario y del desarrollo de las actividades del proyecto.

 

El convenio contempla una comisión de seguimiento paritaria entre Administración y representantes de Can Batlló, encargada de acordar las futuras obras de las naves pendientes de rehabilitación, de establecer los topes máximos de consumo de suministros y de abordar otras cuestiones que puedan surgir. También prevé que, en caso de desacuerdo, se constituya una comisión externa que delibere sobre las cuestiones que generan disenso.

 

Tres han sido los ingredientes imprescindibles para la aprobación de este convenio. Primero, la legitimidad política y social de Can Batlló, que ha permitido conseguir el apoyo del consistorio para su aprobación. En segundo lugar, la innovación jurídica del llamado Cálculo del retorno social aportada en el expediente administrativo, que ha garantizado la validación técnica de la cesión. Se trata de un cálculo que hace observables las horas de trabajo destinadas por las personas activistas en el desarrollo de las actividades y la construcción de las infraestructuras. Según este cálculo, Can Batlló ha generado 82.185 horas de trabajo voluntario que, en términos monetarios, implicaría un gasto de 1.512.285€ anuales en salarios. La conclusión es que por cada euro que aporta el Ayuntamiento, el tejido de Can Batlló aporta casi tres. El tercer ingrediente ha sido la elaboración del Balance comunitario, un instrumento de autoevaluación que analiza parámetros no mercantilizados y cuyo objetivo es disponer de indicadores capaces de medir los valores que se pretenden impulsar desde la gestión comunitaria. Se mide con indicadores de arraigo territorial, impacto y retorno social, gobernanza democrática y cuidado de las personas, los procesos y el entorno. Más allá de Can Batlló y del programa Patrimonio Ciudadano, el Balance Comunitario puede ser un laboratorio para generar o mejorar modelos que permitan compartir responsabilidades y compromisos, poniendo al alcance mecanismos de seguimiento, balance y control de la gestión.

 

 

 

 

Compartir poder

 

La experiencia de Patrimonio Ciudadano muestra algunas reflexiones prácticas relevantes. Por un lado, se trata de compartir responsabilidades y capacidades o, dicho más llanamente, de compartir poder. El objetivo es usar la legitimidad y capacidad de producir acceso de la acción pública y, a la vez, sumar la capacidad de experimentación y de acción basada en la proximidad de las prácticas comunitarias. Por otro lado y en consecuencia, la corresponsabilidad tiene que estar conducida por normas y formas de regulación co-diseñadas, donde el seguimiento y la evaluación sean una responsabilidad, efectivamente, compartida.

 

 


La corresponsabilidad tiene que estar conducida por normas y formas de regulación co-diseñadas


 

 

No siempre nos encontraremos con un tejido que integre un capital social, organizativo y cultural como el de Can Batlló, ni con una trayectoria participativa municipal que ayude a superar algunos de los límites ya mencionados. En cualquier caso, sea cual sea el territorio, parece que un primer reto importante es diseñar medidas que hagan visibles recursos que pueden permanecer ocultos para los indicadores y requerimientos convencionales. Un segundo reto es compartir responsabilidades, no sin que antes todas las partes reconozcan y entiendan las capacidades de los agentes involucrados. Un tercer y último reto es generar herramientas de seguimiento y mejora, pero también poner en crisis que los procesos para co-diseñar políticas estén altamente fiscalizados cuando se trata de actores sociales y comunitarios y, en cambio, sean totalmente opacos cuando se trata de grandes actores del sector privado.

 

Quizás experiencias como los presupuestos participativos de Porto Alegre o el convenio de Can Batlló son procesos que están lejos de lo que esperamos de una medida de corresponsabilidad más humilde, más controlada públicamente o que responde a otros objetivos. Pero, entonces, la pregunta nos vuelve como un boomerang: Si la corresponsabilidad es la solución, ¿cuál es el problema?

 

 

 

 

 

Sobre el autor

 

Rubén Martínez es miembro y cofundador de La Hidra, una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la investigación y el análisis de la economía política urbana. Dirige el área de investigación de la cooperativa, actualmente dedicada a temas como el derecho a la vivienda, las colaboraciones público-comunitarias y la ecología política. Es doctor en Ciencia Política y Políticas Públicas.

 

Puedes encontrarle en Twitter como @RubenMartinez

 

 

 

 

 

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